Las falsas concordias agravan las discordias

Toda persona de bien considera que para resolver los conflictos lo más adecuado es optar por el diálogo y el apaciguamiento. Sin embargo, el abuso de esta fórmula encierra, en muchos casos, falta de visión y, en otros, incluso cobardía. La fórmula no funcionó con Hitler. En 1936 la Wehrmacht llevó a cabo la remilitarización de Renania, en contra de lo previsto en el Tratado de Versalles. En 1938, se anexionó Austria. En 1939 se anexionó los Sudetes checos y, a continuación, ocupó Checoslovaquia entera. Todo ello ante el silencio, o la connivencia, de Gran Bretaña y Francia. Sin embargo, pocos días más tarde, cuando Hitler invadió Polonia, se dieron cuenta, de que el apaciguamiento no servía y llegó la II Guerra Mundial.

Hay multitud de ejemplos similares. ¿Qué habría sucedido si la II República española no hubiera tolerado, apenas un mes después de ser declarada, la quema de conventos e instituciones religiosas en Madrid, Sevilla, Valencia, Murcia, Málaga y tantas otras ciudades de España? ¿Qué hubiese ocurrido si se hubiese sido más firme con el orden público? ¿Qué hubiese ocurrido si, de verdad, tras el cruento golpe de estado de 1934, que ocasionó una cifra que se estima entre 1500 a 4000 muertos, se hubiese procesado, sentenciado e inhabilitado a los líderes y partidos que lo habían inspirado?

Tras la muerte de Franco se optó por una reforma política de la ley a la ley. El régimen se hizo el harakiri y se abrió a la llamada transición que fue liderada por el Rey Juan Carlos y por el Presidente Adolfo Suarez, ex Secretario General del Movimiento. La moderación, el buenismo y el apaciguamiento triunfaron y recibieron el apoyo mayoritario de los españoles. La ley de Amnistía de 1977 incluyó los recientes asesinatos de ETA. La Constitución se redactó con la mejor de las voluntades. Hubo un gran error: tolerar los crímenes de ETA, posteriores a la ley de Amnistía. Si se hubiesen aplicado todas las medidas, que la Constitución contempla, para hacerle frente se hubiese evitado la ignominia del ex jesuita Arzallus “unos mueven el árbol y otros recogen las nueces”. Probablemente nuestra historia constitucional hubiera sido muy distinta,

Se siguieron haciendo concesiones, que fueron transformando el Estado de las Autonomías en el reino de taifas que padecemos ahora, y que ha tenido su evidencia más concreta e innegable, en la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña, de octubre de 2017. Los grandes partidos nacionales deberían haber hecho, hace tiempo, un pacto de Estado sobre el tema de la unidad de la nación española, el carácter vehicular del español y la irrenunciable armonización normativa. Las políticas económicas pueden ser desastrosas, pero siempre tienen vuelta y si no, ahí están los hombres de negro de Bruselas para recordarlo. La unidad, la cohesión, la armonización y la fraternidad no son negociables. Destruirlas poco a poco, como se está haciendo ahora, puede llevar a situaciones de muy graves consecuencias.

Además, el espíritu de la transición está siendo atacado. Se pretendíó la reconciliación y el olvido generoso de la guerra civil, periodo de desorden republicano que lo precedió y dictadura de Franco. Que todo eso fuera y siga siendo objeto de estudio y publicaciones es correcto, pero se quería que la poesía de Machado no siguiese siendo realidad en la España constitucional “Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas ha de helarte el corazón”. Pero en lugar de trabajar para avanzar en la reconciliación, llegó Zapatero y tuvo la ocurrencia de aprobar la ley de Memoria Histórica, en diciembre de 2007. Rajoy fue investido presidente del Gobierno en diciembre 2011, logrando una mayoría absoluta de 186 diputados, tras el desastre económico y social de la segunda legislatura de Zapatero. Podía haber derogado sin más la Ley de Memoria Histórica, pero no lo hizo. Nula visión de Estado. No supo seguir el ejemplo de su predecesor, Zapatero, el del talante, que al llegar al poder había derogado, sin más, la reciente ley de Educación del PP, que no se llegó ni a poner en marcha, y el trasvase de agua de la desembocadura del Ebro, a las secas tierras de Alicante, Murcia y Almería, que estaba incluido en la Ley del Plan Hidrológico Nacional.

En la línea de Zapatero, de forma innecesaria, para ahondar en la herida de la que Machado hablaba, el Parlamento de Andalucía, aprobó en marzo de 2017, su propia ley de Memoria Histórica y Democrática. Sorprendentemente las elecciones autonómicas andaluzas, de diciembre 2018, han dado una mayoría absoluta al conjunto de partidos Cs, PP y Vox con un gobierno de PP y Cs del que Vox ha sido marginado, pero al cual, a pesar de ello, ha investido con su voto. Tiene por tanto esa nueva mayoría absoluta la oportunidad de derogar, no la ley nacional, pero sí la ley de Memoria Histórica andaluza. Así se lo ha pedido Vox al PP, pero el ínclito Presidente Juanma Moreno, ha dicho que “las leyes están para cumplirlas” y que “mantiene la ley de Memoria Histórica en tanto no se sustituya por una ley de Concordia”

¿Cuáles son sus motivos? ¿Evitar enfrentamientos con tu socio de gobierno en Andalucía? ¿O cree que es mejor seguir sin tener visión de Estado? ¿No se da cuenta que ese enfoque sesgado de la historia no reconcilia, sino que crea discordia? ¿No se da cuenta que su posición es muy similar a la que tuvo Rajoy con el 155, la de aprobarlo para luego no hacer casi nada? ¿No se da cuenta de que está repitiendo en mismo error de Rajoy al no derogar en 2011 la ley de Memoria Histórica de Zapatero? Seguramente lo habrá consultado con Pablo Casado, lo cual ensombrece más el tema pues, si el Presidente nacional del PP ha avalado la no derogación de la ley de Memoria Histórica andaluza, ¿cómo tener confianza en que será capaz de aplicar “un 155 firme y duradero”?

Nuestra Constitución, optó claramente por la concordia al hacer constar como primer punto de su preámbulo que “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo”. Es hora de que apoyemos a quienes demuestren firmeza para lograr esa convivencia democrática. Las políticas de apaciguamiento no han dado resultado en estos 40 años. Por eso estamos donde estamos. Ha llegado el momento de que los españoles apoyemos a partidos y a líderes que sean capaces de decir la verdad, y de explicar a la ciudadanía que la situación de España no es en absoluto fácil, que hay que crear un clima de unidad y de cooperación mutua. Ese marco será imprescindible para que el sector privado, que es el que genera el 83% del empleo actual, se sienta estimulado y confiado en un marco de seguridad jurídica. Sólo así se podrán crear al menos los 3.000.000 de empleos adicionales que los parados necesitan. Para lograr ese clima es necesario frenar el independentismo, que no es tolerado en casi ningún país de Europa, volver al espíritu de la transición, dejando de lado el guerracivilismo, establecer unas claras normas de unidad de mercado que no hagan enfrentarse a las empresas a 17 legislaciones diferentes, promover la movilidad interterritorial, colocar al español en su carácter de lengua vehicular, ordenar la inmigración y, en suma, fortalecer un sentimiento de unidad.

Somos una gran nación. No nos vendría mal poner en práctica el slogan de la bandera de Brasil, Orden y Progreso. No hay progreso sin orden sin armonía y la economía te lo hace ver claramente. Pero tampoco hay orden sin progreso, lo cual significa que debemos saber mirarnos al espejo y reconocer, en su contexto histórico, lo malo y lo bueno de nuestra historia y de nuestro presente y desde ahí marchar adelante. Nuestras raíces culturales se hallan en el imperio romano, después en Europa y, en especial, en los 320 años en que gran parte de América eran las otras Españas. La Constitución de 1812 estaba dirigida como señalaba su artículo 1, “a los españoles de ambos hemisferios”, enumerando, con detalle, en su art. 10 los territorios que componían la Nación española y señalando en su art. 13 que “el objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de todos los individuos que la componen”. Para lograr esto es necesario saber identificar los elementos principales de discordia y enfrentarse a ellos, con decisión, desde el plano político. Pretender hacer recaer sobre la Justicia el papel de enmendar los grandes problemas tales como el independentismo, las agresiones a la convivencia, la corrupción, los conflictos político-emocionales, etc. es inadecuado. El Ejecutivo y el Legislativo son los poderes competentes para ello. En abril y mayo va a haber dos procesos electorales trascendentes. Hay que tomar como referencia lo que cada partido proponga en al menos cinco áreas básicas: unidad, inmigración, guerracivilismo, autonomías y economía. Las propuestas que cada partido haga sobre esos temas nos indicarán su voluntad real de caminar hacia la convivencia democrática. Por el contrario, sus palabras huecas, ambigüedades, silencios, contradicciones, imprecisiones, por más que se adornen con un lenguaje poético o de palabrería buenista, no serán otra cosa que falsas concordias que terminarán agravando los actuales ámbitos de discordia. La firmeza para enfrentarse a ellos es no sólo una manifestación democrática auténtica, sino también una actitud imprescindible, que cada vez más ciudadanos solicitan.

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